El Consejo de Estado (CE) ha emitido
el preceptivo informe sobre el anteproyecto LOMCE. El dictamen supone un duro
varapalo para la propuesta de la reforma educativa del Ministro Wert.
El CE empieza pidiendo que se alcance
un acuerdo con las fuerzas políticas y sociales para dar estabilidad al sistema.
Habla de “insuficiencia de la
valoración económica que entrañará su aprobación”, al mismo tiempo que pide al
Ministro que publique “los costes efectivos del anteproyecto de Ley y la
fijación, siquiera sea sumaria, de los compromisos en el tiempo para su
financiación”, y acaba denunciando la insuficiencia económica para aplicar las
medidas que plantea.
Acusa al ministerio de educación de
plantear confusamente las llamadas asignaturas troncales y específicas.
Propone que se vuelva a fijar el estatuto y
horario de las Enseñanzas Artísticas y del segundo Idioma Extranjero en
Primaria, siendo de oferta obligatoria para los centros; y que vuelva a ser de oferta
obligatoria la Ed. Artística, la Música, la Tecnología, el segundo Idioma Extranjero y la Cultura
Clásica en Ed. Secundaria.
Reclama también una asignatura
relativa a la formación ético-cívica, señalando la Ed. para la Ciudadanía,
tanto en Primaria como en Secundaria, que ha sido eliminada por el gobierno y cuestiona
que la enseñanza de la religión tenga una alternativa obligatoria como plantea
el anteproyecto de Ley, pues, tal y como ha dicho el Tribunal Supremo, el alumnado
de religión no estudiaría nunca competencias cívicas y sociales
Respecto a las evaluaciones o
reválidas reconoce que las que plantea el anteproyecto de LOMCE podrán ser
llevadas a cabo por empresas externas e insta a que sea profesorado funcionario
quien las haga. Denuncia el stress infantil que pueden suponer la proliferación
de evaluaciones o reválidas .
Pide que se vuelva a lo que marca la
normativa vigente en cuanto a distribución de
competencias entre las comunidades y
el estado en lo relativo al diseño del currículum, volviendo al 55/65% en
función de si tienen lengua propia distinta al castellano o sólo castellano,
calificando de “incoherente” la distribución que se propone en la LOMCE.
También pone en cuestión la
especialización curricular de los centros y alerta sobre la falta de equidad en
el acceso a estos centros.
Respecto a la segregación en razón
del sexo, el Consejo reconoce que el sistema de coeducación o educación mixta ha
“constituido, sin duda, un avance en el tratamiento de la igualdad de género
que es constitutivo de la democracia…” y reconoce que los centros concertados
no tienen un derecho “incondicionado a la financiación pública”, afirmando que la
educación segregada podría financiarse de forma excepcional si se demuestra fehacientemente
que es para mejorar la enseñanza en determinadas ocasiones, y no de forma
generalizada como se pretende.
Pide mantener algunas competencias de
decisión o co-decisión en la comunidad educativa, consejo escolar y claustro de
profesores al menos en algunas cuestiones que den contenido a su derecho a
participar en la gestión y ejercer el control”.
También critica que los gobiernos
autónomos tengan la mayor capacidad de decisión en los procesos de selección de
los directores.
