¿Y
AHORA QUÉ?
La
enseñanza pública ha venido realizando un cúmulo de movilizaciones contra el
proyecto de reforma educativa LOMCE y los recortes generalizados que están
llevando a su desmantelamiento. Sin
embargo éstos continúan, han venido para quedarse, y aquélla, la LOMCE, ha sido
aprobada definitivamente por el Parlamento. Con su publicación en el BOE entrará en vigor.
¿Y ahora qué hacer? Antes de responder parece
conveniente hacer alguna reflexión sobre el desarrollo de todo el proceso
movilizador de estos dos últimos cursos.
Multitud
de luchas y movilizaciones en todo el estado han sido impulsadas y llevadas a
cabo por las “mareas verdes” pero fragmentadas sectorial y geográficamente,
aisladas y parciales en su mayoría. Han servido para denunciar el desmantelamiento de la
enseñanza pública, extender la
conciencia y el espíritu individual y colectivo de lucha, unir a toda la
comunidad educativa en pos de objetivos comunes, acumular fuerzas… No fueron
estériles, pero no consiguieron la intensidad suficiente para quebrar la oleada
de recortes y mucho menos para tumbar una reforma educativa como la LOMCE que
el gobierno está empeñado a llevar adelante a cualquier precio.
Tampoco
la estrategia de la Plataforma estatal en defensa de la enseñanza pública ha
conseguido alcanzar esos objetivos. Es una estrategia de carácter puramente
defensivo, claramente insuficiente,. Más que a tumbar la reforma parece
dirigida únicamente a retrasar lo más posible la aprobación de la ley y acercar
su aplicación al final de la legislatura. En su haber hay que anotar la
unificación de las movilizaciones en todo el estado en las mismas fechas y su
convocatoria de forma conjunta por todos los sectores de la comunidad
educativa, profesorado, padres/madres y alumnado. En el debe consignar la fórmula de convocatorias desde arriba a toque de silbato y el tipo de convocatorias
de huelgas generales de un solo día, siempre a remolque de los hitos que la ley iba superando
en su andadura parlamentaria.
La
LOMCE, como suele ocurrir con las reformas educativas, se ha convertido en la
estrella de la vida parlamentaria, con una oposición en bloque que la rechaza y
que se ha conjurado para derogarla. Ha contribuido, sin duda, a una mayor
movilización social. Pero también ha sido utilizada, tanto por la oposición
parlamentaria como por los gobiernos autonómicos de distinto signo al gobierno
central, a falta de otros escenarios de frontal oposición, como ariete principal
de confrontación. Una confrontación que
ha dejado fuera del debate los aspectos más sustanciales de la reforma. Así el
debate se ha focalizado fundamentalmente en la cuestión competencial y lingüística
por parte de los partidos nacionalistas, mientras que la cuestión de género, la asignatura de la
Religión, la formación en valores y la
igualdad de oportunidades han sido caballos de batalla del PSOE y la izquierda
moderada sentada en el parlamento. Todos ellos temas de primer orden pero
perfectamente compatibles con el objetivo de fondo de la ley: el impulso
definitivo de la mercantilización y la privatización de la enseñanza. El
cúmulo de medidas desreguladoras y privatizadoras que
esta ley propugna han sido posibles y se han hecho efectivas en el marco
legislativo promulgado por los gobiernos del PSOE (LODE, LOGSE, LOE). Y la LEC
(Ley de educación de Cataluña) aprobada por el tripartito (PSOE, ICV y ERC) comulga
con planteamientos semejantes de mercantilización y privatización.
¿Y
ahora qué hacer, dado que la ley recién aprobada constituye un acelerón brutal
en la profundización del ataque al sistema público de educación? ¿Proseguir con
una estrategia de movilizaciones que se ha demostrado insuficiente? ¿Confiar en
que someter la ley, durante su desarrollo estatal y autonómico, a “un calvario
judicial” impedirá su aplicación? ¿Dar
crédito a quienes desde ciertos ámbitos sindicales y políticos proclaman que la
LOMCE “nace muerta” y permanecer a la expectativa?
Al contrario, el compromiso con la defensa de
la educación como un derecho primordial y universal obliga a tomar iniciativas superiores
a las emprendidas hasta estos momentos. La respuesta a dar debe estar a la
altura de la agresión que se sufre. La catástrofe que se avecina sobre la
enseñanza pública es de tal magnitud que solo con una movilización generalizada
y sostenida en el tiempo se le puede hacer frente. Impedir la aplicación de la
reforma se ha convertido ahora en el objetivo primordial por lo que es
imprescindible incrementar el nivel y la intensidad de la movilización. Solo
una paralización continuada y un bloqueo
indefinido del sistema educativo, la huelga general e indefinida, podrá echar
atrás la aplicación de la LOMCE y revertir el proceso de recortes
generalizados.
Afrontar
esa tarea en los próximos meses implica contar con una fuerza capaz de asumir
el reto movilizador que se presenta. No hace falta partir de cero, basta dar
continuidad y fortalecer las organizaciones que han venido trabajando desde la
base, de abajo arriba, las mareas verdes, que aunque con evidentes
insuficiencias han demostrado el enorme potencial de lucha que albergan. Para
muestra, la lucha de la marea verde de las Islas Baleares.
Avanzar
en el proceso de la extensión, desarrollo, organización y coordinación de las
mareas a nivel estatal y su conexión con el resto de mareas ciudadanas que
están defendiendo los servicios públicos es una tarea urgente y los sindicatos
mayoritarios de la enseñanza pública no deberían convertirse en obstáculos, sino
en aliados a contribuir con sus estructuras y sus medios.
En
la articulación de ese proceso es imprescindible una implicación más decisiva
de los profesionales de la enseñanza. El empeoramiento de sus condiciones de
trabajo, la rebaja brutal de su sueldo, y los elementos de ataque al
funcionariado docente que la ley introduce, al que considera como un estorbo
llamado a languidecer y paulatinamente a extinguir, son argumentos más que
suficientes para que el colectivo, desde los centros, se convierta en el
protagonista de la movilización.
Por
último la participación, trabajo conjunto e implicación del resto de los
sectores de la comunidad educativa ha demostrado ser un factor determinante. El
éxito de participación en las huelgas convocadas conjuntamente corrobora su importancia.
De ahí la necesidad de incrementar el diálogo abierto y la cooperación con
estos sectores hasta conformar un frente común extensible a tod@s los ciudadan@s
decidid@s a defender la educación pública contra su mercantilización y
privatización.
J.A.
Balbuena