La crisis como excusa para reformular el sistema educativo
Rosa
Cañadell (Público: 30may 2013
Psicóloga y profesora. Portavoz del sindicato USTEC·STEs
Con la
crisis como excusa, los recortes en educación, al igual que los recortes en los
demás servicios públicos, están siendo terriblemente agresivos y afectan
gravemente a los sectores más vulnerables de la comunidad educativa Pero,
además, como se está comprobando, son totalmente inútiles para salir de la
crisis o paliar el déficit público. Pero lo que sí se está consiguiendo es
desmantelar la educación pública, que, en realidad, es el verdadero objetivo.
Pues no son
sólo los recortes, está ya en marcha el nuevo proyecto de ley del PP (LOMCE)
con propuestas altamente preocupantes, algunas terriblemente retrógradas, como
las antiguas reválidas estatales y el cuerpo de directores, que nos retrotraen
a tiempos predemocráticos. Las medidas que propone la nueva Ley persiguen una
re-centralización y un mayor control del Estado con respecto a las
autonomías, son segregadoras para el alumnado y proponen la desaparición total
de la democracia en el funcionamiento de los centros.
La
LOMCE es una ley económicamente privatizadora, que pone la
educación al servicio de la economía, que abandona el compromiso de la
Administración de ofrecer suficientes plazas públicas, beneficiando así a los
centros privados concertados. Aumenta el tiempo de los conciertos, que no
tendrán que renovarlo hasta pasados seis año.
Es una
ley socialmente injusta, basada en múltiples pruebas y reválidas
que convierten el ciclo educativo en una especie de carrera de obstáculos, con
múltiples “salidas” del sistema para el alumnado con más dificultades. Como
dice la propia ley “los alumnos tienen distintos talentos y hay que
encauzarlos”. Ni una palabra sobre como compensar las desigualdades ni como
evitar la segregación escolar, sino todo lo contrario, a los centros con
mejores resultados (que, como demuestran todos los estudios, coinciden con el
alumnado más favorecido social y culturalmente) se les asignará más recursos,
aumentando aún más las desigualdades.
Es políticamente
centralizadora y ataca directamente las competencias de las
comunidades autónomas. Pretende introducir el castellano como lengua vehicular
en Cataluña, desmantelando así el sistema de inmersión lingüística que cuenta
con un apoyo social absoluto y que ha demostrado ser eficiente: el alumnado de
Cataluña termina con un nivel de conocimiento del castellano igual o superior
que el resto de CCAA. Relega la asignatura de lengua catalana a una tercera
categoría y adjudica al Estado el control del 100 % del currículum de las
asignaturas básicas.
Es ideológicamente
reaccionaria y está pensada más bien para favorecer los intereses de
Obispos y empresarios que los del propio alumnado. Desaparece la “Educación
para la Ciudadanía”, reintroduce la religión como evaluable, y disminuye notablemente
todas las materias consideradas no instrumentales: música, plástica, filosofía,
lenguas clásicas, etc. empobreciendo enormemente los conocimientos y las
capacidades críticas de nuestros futuros ciudadanos y ciudadanas.
Propone una
organización de los centros públicos educativos inspirada en las empresas
privadas, olvidando que la escuela no es una empresa. Aumenta el poder de los
directores que, a su vez, son nombrados por la Administración y se les adjudica
funciones más propias de Jefes de personal que de coordinadores y dinamizadores
pedagógicos. Les da la posibilidad de seleccionar al profesorado y tomar
decisiones por encima del claustro y del Consejo Escolar. Todo ello dificultará
enormemente la participación y la innovación, aumentando la arbitrariedad, la
submisión y la represión. Es un retroceso en el tiempo de la dictadura con el
“cuerpo de directores” que habíamos conseguido eliminar con la llegada de la
democracia.
Es una
ley laboralmente desregularizadora, que hace desaparecer las normas
claras sobre las condiciones de laborales del profesorado: formas de acceso,
horarios, complementos, etc. precarizando aún más el trabajo docente.
En
definitiva, un modelo de educación cada vez más neoliberal y más segregador,
menos participativo y más autoritario. Una contrarreforma que no contempla
medidas pedagógicas contra el fracaso escolar o el abandono prematuro.
Unos cambios que, junto a todos los recortes, no harán más que aumentar las
desigualdades educativas.
Hay que
decir, también, que muchas de las propuestas de este nuevo proyecto de Ley del
PP están ya implantadas en Cataluña, donde un gobierno, presuntamente de
izquierdas, aprobó en 2009 la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), guiada
totalmente por los mismos principios neoliberales que han inspirado la LOMCE.
Es necesario
que la sociedad toda sea consciente que desmantelar y devaluar a la educación
pública y a su profesorado es una pérdida enorme que afecta a la convivencia
democrática y pone en peligro la cohesión social. Necesitamos mejorar nuestro
sistema educativo, pero ello es imprescindible aumentar el presupuesto
educativo, poner freno a la privatización y buscar fórmulas de consenso social
para no tener que cambiar la ley nuevamente en el momento que cambie el color
del gobierno.
La educación
es un bien colectivo y no puede convertirse en una arma política y de
adoctrinamiento ideológico al servicio de un sistema que es incapaz de sacarnos
de la crisis y ofrecer un futuro a nuestros jóvenes, sobradamente preparados.
