LA NORMATIVA SOBRE ADMISIÓN DE ALUMNOS FAVORECE A LOS
CENTROS CONCERTADOS

Como cada año, en esta época, se inicia el proceso de admisión de nuevos alumnos en los centros públicos y concertados.
En nuestra Comunidad Autónoma la normativa que regula la admisión configura un modelo opaco y segregador. Bajo la apariencia de igualdad de condiciones para todos los centros, favorece la demanda hacia los centros concertados, posibilita que éstos elijan-seleccionen a su alumnado y concentra y acumula el alumnado con mayores necesidades de atención (inmigrantes, con necesidades educativas especiales y minorías étnicas) en los centros públicos.
Por razón de espacio vamos a centrarnos en dos aspectos relevantes de la normativa que por sí solos justifican las afirmaciones precedentes.
A efectos de matriculación se divide Logroño en dos zonas para la Educación Infantil y Primaria. Para Secundaria , zona única. La zona es por tanto muy amplia, abarca al menos media ciudad. Pues bien, a mayor amplitud de zona más favorable es la situación para los centros concertados. ¿Por qué?. Todos sabemos que los centros públicos reciben su alumnado de su entorno más próximo: las calles más cercanas o el barrio en que están ubicados. Raro es el alumno/a que procede de otros barrios o zonas alejadas. Por tanto el hecho de que la zona sea la mitad de la ciudad no les aporta mayor demanda de plazas escolares que si la zona fuera mucho más restringida. Por el contrario, para los centros concertados, sobre todo para los grandes centros, resulta vital que la zona sea de máxima amplitud porque podrán reclutar su clientela prácticamente en toda la ciudad. Es fácil comprobar cómo muchos de sus alumnos/as viven en los extremos de la ciudad más alejados del centro. La red de transporte escolar arroja la suficiente luz al respecto. A zona de reclutamiento más grande más posibilidades de aumento de su demanda y más posibilidades de seleccionar su alumnado. Con esto se diluye además la proyección social del la escuela en el barrio , se pierde sentido de arraigo y pertenencia y se hacen inviables planes educativos de relación con el entorno más cercano como prolongación social de la vida escolar.
El otro aspecto, aún más relevante si cabe, es la concesión de un punto complementario de libre determinación por el Consejo Escolar en los centros públicos y por el Titular del centro en los concertados; punto que puede ser decisivo e inclinar la balanza en el sentido deseado. Así ocurre en los centros concertados donde ese punto se concede por la condición de “antiguo alumno “ de los padres o tutores de los alumnos que solicitan plaza. Es de destacar que muchos de los “ antiguos alumnos” lo fueron cuando esos centros , no hace muchos años , aún eran centros privados y tenían que ser costeados por quienes disponían de recursos. Esto les otorga hoy , y parece que a perpetuidad, un derecho que les privilegia y se impone, con ese punto, por encima de los demás.
Con estas dos circunstancias que las normas de admisión establecen (zonas amplísimas y punto extra por “antiguo alumno“) se establece y se favorece un proceso endogámico en los grandes centros concertados, que puede ser indefinido en el tiempo: serán los hijos de los hijos de los “antiguos alumnos” los que siempre accederán con mayor facilidad. Si además tenemos en cuenta el coste que supone asistir a esos centros (transporte, comedor, actividades complementarias y extraescolares,etc.) que no está al alcance de todas las familias nos encontraremos con un escenario en el cual la elección-selección del alumnado, procedente de un determinado sector social, está asegurado.
Las políticas aparentemente neutrales suelen ocultar mecanismos que favorecen a unos frente a otros. Desvelar quienes son los beneficiados y quiénes los perjudicados nos permite afinar el punto de mira y la orientación de las reivindicaciones en defensa de la enseñanza pública.

J. A. BALBUENA

Artículo publicado en La Rioja