Uno de los argumentos que se
dan con mayor insistencia para justificar las políticas públicas de recortes de
gasto público, incluyendo gasto público social, es que los Estados se están
gastando mucho más de lo que pueden hacerlo. Desde esta postura se argumenta
que los gastos en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios sociales,
en escuelas de infancia y una larga lista de transferencias y políticas
públicas del Estado del Bienestar han alcanzado dimensiones que no son
sostenibles para las arcas del Estado, sean éstas del gobierno central o de las
Comunidades Autónomas (CCAA). De acuerdo con tal teoría, el gobierno español ha
tomado la decisión de recortar nada menos que 39.000 millones de euros en 2013
que van a afectar muy negativamente a los componentes citados del Estado del
Bienestar de España y de sus Comunidades Autónomas, incluyendo Catalunya. Los recortes
impuestos por el gobierno central a las CCAA -que son las que gestionan la
mayoría de los servicios públicos de tal Estado del Bienestar- representan un
ataque frontal (y no hay otra manera de describirlo) a estos servicios
públicos, que ya están entre los menos financiados de la UE-15, el grupo de
países de nivel de desarrollo semejante al español, incluyendo el catalán. El
gasto social (predominantemente público) por habitante en España y en Catalunya
está entre los más bajos en tal comunidad. La media de la UE-17 (que es la
UE-15 más Eslovaquia y Estonia) fue de 8.030 unidades de poder de compra en
2010, mientras que en España fue de 6.284 y en Catalunya de 6.563. Es decir,
que tanto España en su conjunto como Catalunya gastan en protección social aproximadamente
una quinta parte menos de lo que gastan los países con semejante nivel de
desarrollo.
El argumento de que nos
hemos estado gastando más de lo que podemos gastarnos carece pues de
credibilidad científica. Mientras que el nivel de riqueza de España y Catalunya
fue el 91% y el 110% del PIB del promedio de la UE-15 respectivamente, el gasto
social por habitante fue sólo del 78% y del 82% del promedio de tal comunidad
incluyendo también Estonia y Eslovaquia. Tanto España como Catalunya son lo suficientemente
ricas como para gastar muchos más recursos de los que gastan en su Estado del
Bienestar. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Los ingresos al Estado
y a la Generalitat de Catalunya son más bajos de lo que les correspondería por
el nivel de riqueza que tales países tienen. Mírese como se mire, el hecho es
que los recortes no pueden justificarse porque nos gastemos demasiado.
La causa de tales
recortes hay que buscarla en otro lugar. Y éste es, precisamente, en el enorme
poder que las entidades financieras tienen, tanto en Catalunya y en España,
como en la Eurozona, donde recae la responsabilidad por tales recortes. Veamos
los datos. A la vez que el gobierno español quiere recortar 39.000 millones de
euros, el mismo gobierno tiene pensado gastarse 38.589 millones de euros sólo
en pagar los intereses de la deuda pública, intereses que han sido
artificialmente elevados como resultado del diseño del sistema financiero de la
Eurozona. Si el Banco Central Europeo (BCE), y antes el Banco de España,
hubieran prestado desde 1989 al Estado español dinero a los mismos intereses a
los que el BCE lo ha prestado a la banca privada, la deuda pública española
sería hoy un 14% del PIB, en lugar del 90%. El Banco Central Europeo no es un
Banco Central sino un enorme lobby de los intereses financieros. De ahí que
preste dinero a un 1% a la banca privada y que sea ésta la que con este dinero
compre bonos del Estado español a unos intereses del 6% y del 7%. Un negocio
redondo y que la población paga a base de recortes y recortes del gasto
público, incluyendo el social. Ésta es la razón de que haya tantos recortes. Y
todo un tinglado ideológico se ha construido y promovido por los medios de
mayor difusión a fin de justificar tal realidad. Así de claro.
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