El
pensamiento inmediato de muchos servidores públicos ante la huelga general es
preguntar cuánto les será descontado de su nómina. Otro discurso generalizado
es no hacer el juego a la propia Administración pública que verá cómo sus arcas
aumentan si hacemos un día de huelga. Por otro lado, los hay que se sintieron
ofendidos (y con razón) por la desbordada alegría que se produjo en su momento
por la reducción de nuestro salario y piensan que esta huelga no va con ellos.
Si alguien
me cuenta, hace unos años, que en Grecia 150.000 funcionarios de carrera serían
despedidos no lo hubiera creído. ¿Algún empleado público hubiera podido
imaginar que esto sucedería? Creo que no.
Entonces que
nadie piense que su condición de “funcionario de carrera inamovible” no puede
ser modificada. Montoro lo ha dicho y se anuncia el primer paso para nuestra
desaparición.
La huelga
general no es solo contra un real decreto. Es una huelga que debe ser una
respuesta directa al Gobierno en el que le digamos que creemos en el Estado de
bienestar. Aquí todos somos trabajadores por cuenta ajena y esta contrarreforma
laboral nos devuelve a condiciones laborales de hace 50 años. Que se lo
pregunten a los funcionarios de la Generalitat de Cataluña, Valencia o
Castilla-La Mancha.
Lo perdido
ahora no se recuperará nunca. El 29 de marzo cada uno que demuestre su
compromiso. Nosotros como servidores públicos tenemos uno ante la sociedad,
puesto que sin Estado de bienestar no somos nadie.— Sonia Gatius López.
Funcionaria.
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