sábado, 30 de noviembre de 2013

LA LOMCE SE HA APROBADO DEFINITIVAMENTE EN EL PARLAMENTO

¿Y AHORA QUÉ?

La enseñanza pública ha venido realizando un cúmulo de movilizaciones contra el proyecto de reforma educativa LOMCE y los recortes generalizados que están llevando a su desmantelamiento.  Sin embargo éstos continúan, han venido para quedarse, y aquélla, la LOMCE, ha sido aprobada definitivamente por el Parlamento. Con su publicación en el BOE entrará en vigor.
 ¿Y ahora qué hacer? Antes de responder parece conveniente hacer alguna reflexión sobre el desarrollo de todo el proceso movilizador de estos dos últimos cursos.
Multitud de luchas y movilizaciones en todo el estado han sido impulsadas y llevadas a cabo por las “mareas verdes” pero fragmentadas sectorial y geográficamente, aisladas y parciales en su mayoría. Han servido  para denunciar el desmantelamiento de la enseñanza pública,  extender la conciencia y el espíritu individual y colectivo de lucha, unir a toda la comunidad educativa en pos de objetivos comunes, acumular fuerzas… No fueron estériles, pero no consiguieron la intensidad suficiente para quebrar la oleada de recortes y mucho menos para tumbar una reforma educativa como la LOMCE que el gobierno está empeñado a llevar adelante a cualquier precio.
Tampoco la estrategia de la Plataforma estatal en defensa de la enseñanza pública ha conseguido alcanzar esos objetivos. Es una estrategia de carácter puramente defensivo, claramente insuficiente,. Más que a tumbar la reforma parece dirigida únicamente a retrasar lo más posible la aprobación de la ley y acercar su aplicación al final de la legislatura. En su haber hay que anotar la unificación de las movilizaciones en todo el estado en las mismas fechas y su convocatoria de forma conjunta por todos los sectores de la comunidad educativa, profesorado, padres/madres y alumnado. En el debe consignar  la fórmula  de convocatorias desde arriba  a toque de silbato y el tipo de convocatorias de huelgas generales de un solo día, siempre a  remolque de los hitos que la ley iba superando en su andadura parlamentaria.
La LOMCE, como suele ocurrir con las reformas educativas, se ha convertido en la estrella de la vida parlamentaria, con una oposición en bloque que la rechaza y que se ha conjurado para derogarla. Ha contribuido, sin duda, a una mayor movilización social. Pero también ha sido utilizada, tanto por la oposición parlamentaria como por los gobiernos autonómicos de distinto signo al gobierno central, a falta de otros escenarios de frontal oposición, como ariete principal  de confrontación. Una confrontación que ha dejado fuera del debate los aspectos más sustanciales de la reforma. Así el debate se ha focalizado fundamentalmente en la cuestión competencial y lingüística por parte de los partidos nacionalistas, mientras que  la cuestión de género, la asignatura de la Religión, la formación en valores  y la igualdad de oportunidades han sido caballos de batalla del PSOE y la izquierda moderada sentada en el parlamento. Todos ellos temas de primer orden pero perfectamente compatibles con el objetivo de fondo de la ley: el impulso definitivo de la mercantilización y la privatización de la enseñanza. El cúmulo  de  medidas desreguladoras y privatizadoras que esta ley propugna han sido posibles y se han hecho efectivas en el marco legislativo promulgado por los gobiernos del PSOE (LODE, LOGSE, LOE). Y la LEC (Ley de educación de Cataluña) aprobada por el tripartito (PSOE, ICV y ERC) comulga con planteamientos semejantes de mercantilización y privatización.
¿Y ahora qué hacer, dado que la ley recién aprobada constituye un acelerón brutal en la profundización del ataque al sistema público de educación? ¿Proseguir con una estrategia de movilizaciones que se ha demostrado insuficiente? ¿Confiar en que someter la ley, durante su desarrollo estatal y autonómico, a “un calvario judicial”  impedirá su aplicación? ¿Dar crédito a quienes desde ciertos ámbitos sindicales y políticos proclaman que la LOMCE “nace muerta” y permanecer a la expectativa?
 Al contrario, el compromiso con la defensa de la educación como un derecho primordial y universal obliga a tomar iniciativas superiores a las emprendidas hasta estos momentos. La respuesta a dar debe estar a la altura de la agresión que se sufre. La catástrofe que se avecina sobre la enseñanza pública es de tal magnitud que solo con una movilización generalizada y sostenida en el tiempo se le puede hacer frente. Impedir la aplicación de la reforma se ha convertido ahora en el objetivo primordial por lo que es imprescindible incrementar el nivel y la intensidad de la movilización. Solo una paralización continuada y un  bloqueo indefinido del sistema educativo, la huelga general e indefinida, podrá echar atrás la aplicación de la LOMCE y revertir el proceso de recortes generalizados.
Afrontar esa tarea en los próximos meses implica contar con una fuerza capaz de asumir el reto movilizador que se presenta. No hace falta partir de cero, basta dar continuidad y fortalecer las organizaciones que han venido trabajando desde la base, de abajo arriba, las mareas verdes, que aunque con evidentes insuficiencias han demostrado el enorme potencial de lucha que albergan. Para muestra, la lucha de la marea verde de las Islas Baleares.
Avanzar en el proceso de la extensión, desarrollo, organización y coordinación de las mareas a nivel estatal y su conexión con el resto de mareas ciudadanas que están defendiendo los servicios públicos es una tarea urgente y los sindicatos mayoritarios de la enseñanza pública no deberían convertirse en obstáculos, sino en aliados a contribuir con sus estructuras y sus medios.
En la articulación de ese proceso es imprescindible una implicación más decisiva de los profesionales de la enseñanza. El empeoramiento de sus condiciones de trabajo, la rebaja brutal de su sueldo, y los elementos de ataque al funcionariado docente que la ley introduce, al que considera como un estorbo llamado a languidecer y paulatinamente a extinguir, son argumentos más que suficientes para que el colectivo, desde los centros, se convierta en el protagonista de la movilización.
Por último la participación, trabajo conjunto e implicación del resto de los sectores de la comunidad educativa ha demostrado ser un factor determinante. El éxito de participación en las huelgas convocadas conjuntamente corrobora su importancia. De ahí la necesidad de incrementar el diálogo abierto y la cooperación con estos sectores hasta conformar un frente común extensible a tod@s los ciudadan@s decidid@s a defender la educación pública contra su mercantilización y privatización.
J.A. Balbuena

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